Boletín Informativo CORREPI [Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional]

Jueves 26 de enero de 2012, por CORREPI

Boletín Informativo CORREPI [Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional]

Argenpress, 26.01.12

El ajuste se garantiza con represión / Bonafini, embajadora kirchnerista para buscar consenso / Polivioladores, polichorros y politorturadores / Gatillos festivos y amistosos / Guerra entre fuerzas de choque / Cárceles de mala muerte.

El ajuste se garantiza con represión

A pocas semanas de que la presidenta anunciara su plan de emergencia económica y ajuste dirigido al “endeudamiento de las provincias”, ya se empiezan a hacer visibles los conflictos que genera el plan económico que se decide a implementar el gobierno.

A sólo una semana de estos anuncios, fue noticia cómo se reprimía en Río Gallegos a los estatales por protestar contra un paquete de medidas de ajuste que atentan contra el empleo, las condiciones laborales y el salario.

Luego, se anunciaron los despidos de, por lo menos, 4.000 empleados públicos en la provincia de Río Negro.

Pocos días después, en Trelew, una protesta de camioneros contra el despido de 170 trabajadores, por parte de la empresa de gas Camuzzi, fue reprimida por la policía, en cumplimiento de una orden judicial de desalojo. La represión, que concluyó con veinte trabajadores heridos, fue realizada por la Comisaría 2ª.

Al parecer, tan desprolijo fue el accionar de la policía y sumado a que se trataba de trabajadores agremiados al sindicato de Moyano, que el gobernador puso en disponibilidad al jefe del operativo, comisario Juan Carlos Contreras, por actuar con “demasiado celo” ante la orden de la justicia. Claramente la actitud no fue la misma ante la represión de los trabajadores estatales en Santa Cruz, dos semanas atrás.

Al margen de las internas en el partido de gobierno, lo cierto es que hay una política de ajuste real que provoca la reacción de los sectores de trabajadores que ven pesar sobre sus espaldas la crisis económica.

Acompañando estas medidas, que no son más que la implementación del plan económico nacional, desde el gobierno llaman a los gremios a “actuar con racionalidad” y callarse la boca o, de lo contrario, vendrán los palos para los menos obsecuentes e indisciplinados.

Así, mientras el ajuste va golpeando a los trabajadores en los distintos puntos del país, los funcionarios acercan planes de negociación a los sindicatos que prevén un congelamiento de las paritarias cerrando con un aumento del 18%, cifra muy por debajo de las necesidades, si se mira la inflación y la falta de reacomodamiento del salario al menos en el último año.

Parte del plan, además, es cerrar una canasta básica acordada con los gremios y las empresas de acuerdo a las cifras del INDEC. Lo que es bastante desalentador ya que parte de esas cifras oficiales desprendidas de la “encuesta anual de hogares”, contempla la situación de que un cuarto de la población, el 11,3% de las personas, viven con $27 por día. ¿Esta será la canasta de subsistencia que propondrán para los trabajadores?

Claramente, las condiciones a las que quieren someter al pueblo trabajador para garantizar las ganancias de los empresarios, no serán aceptadas por quienes se disponen a defender sus condiciones de dignidad y su trabajo.

Será tarea entonces, seguir enfrentando con la lucha el ajuste y la represión.

Bonafini, embajadora kirchnerista para buscar consenso

La Patagonia, escenario de incansables luchas de los trabajadores ante el plan de ajuste nacional, recibió hace una semana la visita de Hebe Pastor de Bonafini para “sellar un compromiso” con el kirchnerismo.

La propia Bonafini puso en palabras el objetivo de una política de cooptación que el gobierno puso en funcionamiento en 2003 y que aún hoy sigue rindiendo sus frutos, cumpliendo el mismo rol de “embajadora” kirchnerista que la llevó a Santa Cruz junto a Sergio Schoklender, en marzo de 2006, después de la ocupación militar y torturas en pleno conflicto petrolero, a oficiar de “mediadora” entre los trabajadores y el gobierno.

Así, mientras desde el gobierno se viene reprimiendo cada lucha, ejecutadas por los diferentes gobiernos y fuerzas provinciales, a lo largo y ancho del país, el kirchnerismo se da el lujo de lavarse la cara en las palabras de quienes hace ya tiempo, abandonaron la lucha.

Hebe de Bonafini, en la movilización en Río Gallegos, acompañada de varios funcionarios, agitó a la juventud a cantar y gritar “apoyamos el proyecto nacional y popular”.

Pero por más que griten e intenten que se mire para otro lado, las balas y los palos de la represión se siguen enfrentando hoy con los trabajadores y el pueblo que pelea por su dignidad.

Un acto no podrá borrar de las mentes santacruceñas la militarización en Las Heras, la represión a sus maestros, el encarcelamiento a sus luchadores. Hechos que se enmarcan en una realidad que ni las palabras de Bonafini ni la artillería propagandística completa del “gobierno de los DDHH” pueden ocultar: los 17 asesinados en movilizaciones, los más de 5.000 procesados por luchar y los cinco presos políticos.

Polivioladores, polichorros y politorturadores

La misma comisaría de Trelew de la primera nota volvió a ser noticia al día siguiente, cuando se supo que diez policías habían torturado a un joven de 16 años. Además de los golpes que le propinaron, lo violaron con una tonfa (bastón reglamentario). Lo habían detenido porque lo encontraron discutiendo con su novia. Esta es una de las consecuencias del sistema de detenciones arbitrarias que impera en todo el país y que, según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bulacio”, viola los tratados internacionales de derechos humanos.

Seguramente, como también informa el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que aplica la Convención contra la Tortura, el tribunal que entienda en la causa, calificará la conducta policial con alguna figura menor, para evitar decir que en democracia también se tortura.
Sin embargo, estos no son hechos aislados. Como denunciamos desde CORREPI, constantemente se conocen hechos que logran superar el cerco mediático, y que involucran a la policía en la comisión de todo tipo de delitos.

Entre los más recientes, en la Ciudad de Buenos Aires, un sargento de la Policía Federal, Jesús Walter Yapura, fue detenido por intentar violar a un menor de 14 años en el baño de la estación de subte Congreso de Tucumán, de la línea D. Este policía ya había sido indagado en una causa por torturas, en julio de 2010, protagonizada por agentes de la comisaría 23ª, de Palermo, y en la que la subinspectora Natalia Verón aplicó picana eléctrica a los tres detenidos torturados. También, como suele suceder, la tentativa de violación fue recaratulada como un delito menor (abuso deshonesto), la impunidad de ayer permitió decir “no tiene antecedentes”, el hecho de ser policía sirve para afirmar “posee trabajo estable con buen concepto de sus superiores”, y ya la cámara de apelaciones ordenó la libertad del policía pedófilo, que ahora, desde los medios, se da el lujo de amenazar a su víctima y a sus padres.
El 5 de enero, en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, seis policías detuvieron y torturaron a Juan José Reynoso, un joven de 23 años. Lo llevaron a la comisaría porque no poseía los papeles de la moto que conducía. Una vez allí, lo golpearon hasta que convulsionó y perdió el conocimiento.

Por último, esta semana se pudo conocer también el caso de un policía federal, detenido en la costa por asaltar turistas, sumándose así a otras noticias de este año, de policías robando en las zonas de veraneo.

Estos casos se multiplican por todo el país, todos los días. Muy pocos logran superar el silencio cómplice de los medios de desinformación masiva. Policías cometiendo todo tipo de delitos, organizando y administrando actividades como el tráfico de drogas, la trata de personas, el robo de automotores, etc., evidencian que “inseguridad es la policía en la calle”.

Gatillos festivos y amistosos

El 15 de enero, un grupo de jóvenes quiso entrar al club Bolívar de Alejandro Korn (partido de San Vicente), donde se estaba festejando el cumpleaños de 15 de la hija de un policía bonaerense, en el que se encontraban varios de sus colegas, de civil y francos de servicio.
Tras discutir con uno de los chicos, el padre de la cumpleañera y sus colegas empezaron a los tiros, uno de los cuales impactó en la cabeza de Fabián Zubrica, de 20 años de edad.

Alguien llamó a la policía, por lo que llegaron al lugar policías de la comisaría de Alejandro Korn, situada a poco más de diez cuadras, que reprimieron al conjunto de chicos con postas de goma. “No hicieron nada por defender a los chicos, sólo buscaron proteger a los efectivos que estaban en la fiesta”, dijo uno de los amigos de Fabián. Irremediable recordar otra fiesta de 15, en agosto de 2004, en Talar de Pacheco, cuando en similares circunstancias -una discusión iniciada por un invitado adulto que hizo un comentario grosero sobre la novia de uno de los adolescentes- el policía federal Pablo Alcides Barros, tío de la cumpleañera, decidió espantar a los pibes a los tiros, y mató por la espalda a Carlos Bustamante (21) que se estaba yendo de la fiesta.

En otro episodio, esta vez en Los Polvorines, un policía federal de la comisaría 35ª mató de un balazo en la cabeza a un amigo suyo, según dijo, al querer defenderlo de un ladrón que intentaba asaltarlo.

Para variar, el homicida estuvo detenido sólo 24 horas, tras declarar que su amigo lo había llevado hasta la puerta de su casa y que, cuando él se bajó del coche, apareció un ladrón e intentó asaltarlo. Fue entonces, dijo, que apuntó al individuo desde el otro lado del auto, por la ventanilla del acompañante y por encima de la cabeza de su amigo. Pero, argumentó, la bala rebotó contra el techo del vehículo e impactó en la cabeza del hombre que estaba al volante. Obviamente, el asesino asegura que el misterioso tercero, del que ningún rastro quedó, tenía un arma e hizo un disparo, pero el único casquillo encontrado pertenece al arma del policía.
Dos muestras del uso cotidiano que dan a sus armas bonaerenses y federales.


Guerra entre fuerzas de choque

La semana pasada, una pelea entre dos facciones de la barra brava de Chicago, Los Perales y Los Antenas, resultó en la muerte de Agustín Rodríguez, de Los Perales, y con Aldo “El Paraguayo” Barralda, de Los Antenas, internado en el Hospital Santojanni, con un puntazo en el abdomen.

Los Perales fueron hasta el Hospital a asesinar a Barralda, buscando vengarse de la muerte de Rodríguez. Como no pudieron encontrarlo, realizaron todo tipo de destrozos.
La respuesta inmediata de las autoridades del Hospital fue pedir más seguridad, es decir, más policía. La respuesta de los gobiernos nacional y de la Ciudad, fue lavarse las manos y culparse mutuamente.

Está claro que si hay algo que no garantiza la policía es la seguridad. Por el contrario, policías y barra bravas son socios en el delito. Lo demuestran el asesinato de los tres militantes del Frente Popular Darío Santillán en Rosario, o la complicidad en el asesinato de Mariano Ferreyra, entre policías y burócratas, con la participación, también, de miembros de hinchadas.

Los compañeros delegados de la Línea 60, que llevan adelante una lucha por la organización independiente de su Comisión Interna, y que vienen sufriendo el ataque sistemático de patotas, contratadas por la empresa DOTA para impedirlo, han denunciado que Barralda fue uno de los reclutados por la patronal para atacarlos. Han denunciado que Ángel Paisa, dueño de DOTA, lo contrató, junto a 250 personas más, para boicotear la organización. Y agregaron que de esas 250 personas, entre 30 y 40 son barras de Boca y de Chicago. Es más, uno de sus delegados denunció a Barralda porque lo amenazó a él y a su familia.

Está claro que más policía no puede ser la respuesta al hecho protagonizado por los barras bravas en el Hospital Santojanni. Quienes normalmente les franquean los ingresos a los estadios de fútbol, y que les cubren la retirada cuando asesinan a militantes, como sucedió con Mariano Ferreyra, son parte del problema y no de la solución. Son parte de esa política, de la triple alianza antiobrera entre el Estado, los burócratas y los patrones, como Ángel Paisa, que contrató a Barralda para amedrentar a los delegados de la línea 60, o como UGOFE, que contrató a Favale para asesinar a Mariano Ferreyra.

Esta política es común en todos los niveles de gobierno y recorre todo el país. Basta recordar, a título de ejemplo, que el macrismo utilizó barras bravas para atacar a los docentes que protestaban, en la legislatura, contra la modificación de las Juntas de Calificación, o que el kirchnerismo usó barras de Chacarita para atacar a los trabajadores del Hospital Francés.

El único camino que tienen los trabajadores para enfrentar esta política antiobrera, y a sus fuerzas de choque, es la organización independiente del Estado y los patrones, recurriendo a los métodos de autodefensa que, a lo largo de su rica historia, se ha dado la clase obrera en todo el mundo.

Cárceles de mala muerte

Esta semana, hicieron ruido las palabras del intendente kirchnerista de Villa Gobernador Gálvez, Pedro González, en referencia al tratamiento que merecen los “delincuentes reincidentes”. “Hay que cagarlos a palos, a trompadas y después hablarles (...) A veces hay que enseñar primero con una cachetada”... dijo el ilustre funcionario.

En los mismos días que se armaba un gran revuelo mediático por este rapto de sinceridad, salieron a la luz dos noticias sobre la forma en que se vive y se muere en las cárceles de mala muerte argentinas.

En Formosa, se supo de la muerte de un joven en un instituto de menores, ahorcado con una sábana en su celda. También se conocieron los escabrosos detalles de la represión que sufrieron los internos de la Unidad Penal N° 1 de Corrientes, que incluyeron palazos, picana, gases lacrimógenos y facazos propinados por los verdugos del servicio penitenciario.

Todo empezó el sábado 15, a raíz de una quema de colchones en protesta a la negativa hacia un interno de ver a la familia, horas después de haberse enterado del fallecimiento de su padre. La respuesta de los funcionarios del servicio penitenciario fue enviar a grupos especiales antimotines para reprimir la medida de fuerza. El saldo fue de varios heridos graves, heridos con elementos cortantes y con fracturas múltiples.

Por este hecho, y otros que vienen ocurriendo desde hace meses, los internos del penal iniciaron el lunes 16 una huelga de hambre y sus familiares radicaron una denuncia contra el subsecretario de Gobierno, el Director del Servicio Penitenciario, el personal y autoridades de la UP1 y los miembros de los grupos especiales (PAR y ETOP).

Como podemos ver, lo que propone el intendente de G. Gálvez es lo que se da en la realidad, el tratamiento a los presos es el mismo en todos lados, sean reincidentes o no.