Ley habemus La Ley de la desmemoria, la injusticia y el deshonor

Viernes 2 de noviembre de 2007, por Martín Bellido Antonio, Alberola Octavio

Ley habemus La Ley de la desmemoria, la injusticia y el deshonor

Después de dos años de regateos, el Proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista ha sido aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados con el apoyo de todos los grupos, salvo el Partido Popular y Esquerra Republicana de Catalunya. Si no hay sorpresas de última hora, este Proyecto se convertirá en Ley tras su aprobación en el Senado y devolución al Congreso.
Nosotros no la pedimos y nunca pensamos que una ley pudiese rehabilitar a las víctimas de la represión franquista. Lo que si hicimos fue exigir una rehabilitación pública, porque la Transición no la había permitido y los Gobiernos de la Democracia tampoco la hicieron después. Era una deuda moral y política que la sociedad, que había recuperado las libertades fundamentales, tenía con los que habían luchado para hacerlas posibles. Pero esta deuda no quedará saldada con esta Ley, ni con otra “mejor”. Sólo se conseguirá manteniendo viva la memoria de esa lucha por las libertades democráticas. Lucha a la que tantos y tantas contribuyeron con sus vidas.

Llegar hasta aquí ha costado mucho y la mayoría de los que hoy pretenden ser los artífices de este “triunfo de la Democracia” no estaban cuando comenzó el proceso de recuperación de la memoria histórica. El proceso que obligó a los partidos políticos a comprometerse y finalmente a concebir y aprobar esta Ley. Una ley que puede respaldar, según la Vicepresidenta del Gobierno socialista, “cualquier demócrata”; pero que rechazan todos los colectivos comprometidos en este combate contra el olvido de la verdad histórica: la historia de la brutal represión del antifranquismo durante la Dictadura, que la Historia oficial ocultó y sigue ocultado.

No fuimos nosotros quienes quisimos que este proceso desembocara en una Ley. No seremos pues nosotros quienes la critiquemos hoy y pidamos una “mejor”...

Cuando en 1998 constituimos el Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado, para ayudar a las familias de nuestros dos compañeros a diligenciar el Recurso de revisión que habían presentado en el Tribunal Supremo, no creíamos factible obligar a la Justicia a aceptar la revisión de un juicio franquista, y tampoco era eso lo que más nos importaba. Teníamos el convencimiento de que la Justicia de la Democracia estaba aún demasiado atada a la Dictadura, y rápidamente los hechos lo confirmaron. Nuestra intención era utilizar el Recurso -por ser el caso Granado-Delgado un ejemplo emblemático de la brutalidad y parcialidad de la Justicia franquista- como instrumento para evidenciar esa vergonzosa dependencia y denunciar así el deshonor de una Democracia que seguía validando la Justicia de la Dictadura. Y también, claro está, para sacar del olvido a nuestros compañeros y actualizar la barbarie represiva del franquismo.

Conseguido esto, fuimos de los primeros en exigir la anulación de las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la Dictadura, y en hacer de esta exigencia el eje central del proceso de rehabilitación de las víctimas de la represión franquista. Por eso propusimos retirar el Recurso de revisión si el Estado anulaba esas sentencias e invitamos a hacer lo mismo a cuantos se habían decidido a presentar también Recursos de revisión para sus familiares ejecutados por el régimen franquista; puesto que el objetivo de presentarlos sólo era y podía ser el servir de instrumento para obligar a la Democracia española a poner fin al deshonor de seguir validando la Justicia fascista del franquismo.

También consideramos entonces un deber moral denunciar la injusticia de que eran objeto ciertas víctimas de la represión franquista que habían sido “olvidadas” en los decretos de ayuda a los ex presos del franquismo aprobados y aplicados por los Gobiernos de González y de Aznar. Concretamente los casos de las viudas o viudos de las personas ejecutadas durante la Dictadura que no habían podido recibir esas ayudas al no haber sido considerados esos casos en las normativas que regulaban la aplicación de tales decretos. Particularmente el caso de Pilar Vaquerizo, la viuda de Francisco Granado, a quien se le había negado esa ayuda porque su marido no había hecho el tiempo mínimo de prisión (exigido por la normativa) al haber sido ejecutado 17 días después de haber sido detenido.

Conseguimos que todos los partidos reconocieran en el Congreso que era una infamia haberse olvidado de esas víctimas; pero ni el Gobierno de Aznar ni después el de Zapatero se decidieron a ponerle fin. Zapatero dejándolo finalmente para que fuese la Ley de memoria histórica que lo solucionara... Y todos sabemos cómo, desde el 2004, se fue demorando la presentación del Proyecto de ley. Y el hecho es que al día de hoy esa vergüenza continúa. Es más, en esta última fase de la negociación, por el contenido del texto de esta Ley, hemos debido recordar a los portavoces de IU-ICV que, tanto el Gobierno como ellos, habían olvidado incluir su proposición para indemnizar a las viudas o viudos de las personas ejecutadas durante la Dictadura. Finalmente esa proposición, que formaba parte de la “enmienda a la totalidad” de IU-ICV e inclusive de ERC, ha aparecido en el texto de la Ley aprobada.

En cuanto a la anulación de las sentencias, estaba claro que el Gobierno de Zapatero no cedería y que sólo estaba dispuesto a una fórmula ambigua, como es la declaración de “ilegitimidad” de determinados tribunales y de las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos, políticos o de creencia religiosa. Su cobardía, para asumir la responsabilidad política y ética de cortar definitivamente la continuidad institucional de la Dictadura en la actual Democracia, era evidente y pública, así como su decisión de no hacerlo, inclusive renunciando a sacar la Ley en esta Legislatura si fuese necesario. De ahí que nos hayamos manifestado claramente por el no ofrecerles el pretexto para ello; pues pensábamos y seguimos pensando que sería y será más eficaz denunciar la Ley que la ausencia de Ley. Y eso porque somos muchos en considerar que esta Ley no restablece la verdad de ese pasado sino que es la Ley de la desmemoria, la injusticia y el deshonor.

Para nosotros no hay duda, las dos Españas siguen enfrentadas y es una ilusión creer que esa España, que aún se sigue creyendo la “vencedora”, renunciará a su ideología fascista. Se pretende demócrata hoy porque el contexto socio-político actual no le permite manifestarse abiertamente como lo que es. Aunque son cada vez más las ocasiones en que sí lo manifiesta... Ya lo han anunciado, si vuelven a gobernar abrogarán esa Ley, pese a lo ambigua y cobarde que es. Pero el peligro no es que la abroguen sino la política conservadora que impondrán si ganan las elecciones. Y eso no debemos dudarlo. Por ello lo importante y la urgencia es recuperar la memoria para que las nuevas generaciones sepan lo que fue aquel régimen que mantuvo a España durante casi cuatro décadas en la opresión y el oscurantismo. Para que sepan la España que los de la Derecha añoran y que nos volverían a imponer si les dejamos. Es pues una tarea de pedagogía histórica y de concienciación política y social la que debemos hacer. Por ello creemos que la denuncia, de las insuficiencias, ambigüedades y cobardías políticas de esta Ley, debe integrarse en las luchas por la democratización de la sociedad española y por una auténtica justicia social. No es sólo un problema de desmemoria sino también de injusticia y de confiscación de la democracia. Y de ello debemos ser plenamente conscientes y asumir el reto que la situación nos plantea.

En estos últimos años hemos sido solidarios con cuantos se han comprometido en este combate por la memoria y la dignidad, y lo seguiremos siendo mientras este combate dure. Ley habemus y ahora todos sabemos el por qué esta Ley es la de la desmemoria, la injusticia y el deshonor, y también sabemos quienes son los responsables de ello. No es pues contra ella que debemos concentrar nuestras críticas sino contra los responsables de que, más de treinta años después de haber desaparecido el Dictador, la Democracia sea tan cobarde e inconsecuente para romper sus ataduras con lo que Franco dejó bien atado. Sí, contra los responsables de esa cobardía e inconsecuencia; porque no sólo no se han atrevido a condenar explícitamente al franquismo sino que han introducido en esta Ley una escandalosa e infame discriminación en la reparación a las víctimas de la represión franquista: estableciendo víctimas de primera y de segunda. De segunda las “ejecutadas entre 1939 y 1968”, y de primera las que “perdieron la vida entre 1968 y 1977”. Olvidando, además, de extender la reparación a los miles de antifranquistas asesinados y enterrados anónimamente desde el comienzo hasta el fin de la guerra.

Consideramos pues un deber denunciar estas infamias y exigir que se les ponga fin, además de continuar el combate contra la desmemoria, la injusticia y el deshonor. Por eso manifestamos una vez más nuestro propósito de continuarlo con todos aquellos que también lo hagan suyo, por considerarlo un deber moral y político.

Madrid, 1 de noviembre de 2007

Octavio Alberola y Antonio Martín por el: Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado y de Apoyo a Pilar Vaquerizo